CRONOLOGÍA | Diez años, un mes y doce días después de la apertura del proceso concursal la Unión Deportiva Las Palmas consigue la libertad. Inicios críticos y unos últimos años de impasse han marcado una década de profunda transformación en la entidad de Pío XII. Repasamos por orden cronológico una herida que este 17 de diciembre se ha cerrado con el auto del juez Alberto López Villarrubia decretando el fin del ‘procedimiento 6/2004’, el de la Unión Deportiva Las Palmas.
- Etapa pre-concursal (entre 2003 y antes de noviembre de 2004)
Las Palmas había descendido de Primera División al finalizar la campaña 2001-2002, la apuesta faraónica de la extinta Gestión Deportiva había fracasado tras dos años en la élite. Una apuesta ambiciosa con peligrosas consecuencias económicas. En verano de 2004 —la Unión Deportiva había descendido a Segunda B— tenía todas las papeletas para quedarse fuera de la competición: debía más de 600 millones de pesetas al Deportivo de la Coruña por la operación de Gabi Schürrer y era necesaria una negociación vital para el futuro de la entidad amarilla con el club coruñés. Varios directivos del Consejo de Administración negociaron con Augusto César Lendoiro durante más de catorce horas en el restaurante Playa Club de La Coruña la manera de pagar la deuda y evitar la prohibición de inscripción del club grancanario, pudiendo además pagar las deudas inmediatas con los jugadores amarillos.
Semanas antes había entrado en el Consejo de Administración, a petición de los directivos Carlos Álvarez y Eulogio Romero, el abogado Agustín Ojeda. Sería una pieza fundamental a la hora de realizar una auditoría interna de la deuda. Se sabía entre los dirigentes de Pío XII que existía un agujero, pero conocida la profundidad del mismo asustó. Más de 12.000 millones de pesetas —72 millones de euros—. Una losa muy pesada. Se supo de una Ley promulgada en 2003 que daba soluciones a empresas en crisis. La Ley 22/2003 de 9 de julio abría una ventana a la esperanza. En septiembre de 2004 entró en vigor —en un año se crearon los distintos Juzgados de lo Mercantil por el territorio nacional y se dio formación a los jueces—, y era un clavo ardiendo: el último vagón hacia la supervivencia de una entidad que encontraba algunos opositores. Distintas personalidades, en varias esferas, admitían la más que posible disolución e incluso la creación de un nuevo club con otra denominación o el apoyo al Universidad, equipo de fútbol que militaba también en Segunda B.
- Petición del concurso: ¿voluntario o necesario?
La Ley Concursal estaba en pañales. Solo había transcurrido dos meses desde su entrada en vigor y ningún club español la había solicitado. La Unión Deportiva Las Palmas sería la pionera. Los directivos amarillos —el Consejo de Administración presidido por Manuel García Navarro estaba compuesto por Eulogio Romero como vicepresidente, Carlos Álvarez, Manolo Aguiar, Heriberto González, Nicolás Ortega, Ubaldo Alemán y Agustín Ojeda como consejeros, e Ignacio Rivas como secretario— trabajaban en secreto para pedir al juez titular del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Las Palmas de Gran Canaria el concurso voluntario. La figura de voluntariedad, entendida como nacida desde la propia empresa, también tenía una figura opuesta: la petición por parte de un acreedor de la empresa, denominado como concurso necesario.
Iñaki Urquijo, representante de futbolistas, disponía de información privilegiada y el 3 de noviembre de 2004 solicitó al juez Juan José Cobo Plana —titular del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Las Palmas de Gran Canaria— la entrada en concurso de la Unión Deportiva Las Palmas. El club, que tenía preparada la documentación, presentó 24 horas después la solicitud de concurso voluntario. El juez Cobo Plana, el 5 de noviembre, dictó un auto [vea el documento en pdf] en el que declaró el concurso de la Unión Deportiva Las Palmas con carácter necesario. Intervino de facultades al Consejo de Administración aunque pediría que colaborasen estrechamentre con los administradores concursales nombrados. Éstos serían el propio acreedor Iñaki Uquijo, Bernardo Pinazo como representante de Price Waterhouse Coopers y Luis Fernando Cabrera.
- Sentando jurisprudencia
La Unión Deportiva Las Palmas fue el primer club del fútbol español en acogerse a la Ley Concursal. Una deuda cercana a los 72 millones de euros inmovilizaba a una entidad en la UVI. El espíritu de la ley, que sustituía a la antigua ley de suspensión de pagos, era el de ofrecer soluciones a las empresas en riesgo de quiebra. La interpretación de una normativa que hasta el momento contaba con pocos casos en España y ninguno relativo a una sociedad anónima deportiva fue clave en la supervivencia del club. Muchos de ellos resultaron históricos.
El 9 de noviembre de 2004 el juez Juan José Cobo Plana, que tutelaba junto a los administradores concursales las cuentas de la Unión Deportiva Las Palmas, tuvo un caso completamente novedoso para la justicia española. La nefasta trayectoria de la Unión Deportiva en Segunda B con David Amaral en el banquillo sugería, a petición de los ex consejeros que colaboraban con los administradores concursales, un cambio de rumbo en el banquillo.
Cobo Plana decidió, mediante un auto, establecer unas condiciones para la continuidad de Amaral en el banquillo. Ese 9 de noviembre ratificó durante dos jornadas más al técnico tinerfeño. Además, durante la temporada se exigiría para continuar en el banquillo una media de no menos de cuatro puntos con respecto al cuarto clasificado, equipo que determinaba en límite del play-off de ascenso a Segunda División.
El 30 de noviembre, dos días después de caer ante el Celta de Vigo B de Goran Maric por 2-0 en el Manuel de Barreiro, un nuevo auto destituiría a David Amaral al quedar el equipo amarillo a más de diez puntos del cuarto clasificado tras la disputa de la jornada 28ª en el Grupo I de la Segunda División B. La entidad decidiría que Sánchez Aguiar sería su relevo en el banquillo.
El 3 de diciembre de 2004 llegaría otra medida histórica. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no permitió inscribir a Sánchez Aguiar como técnico por no haber satisfecho el club grancanario la deuda con el anterior técnico. Cobo Plana dictó un auto [vea el pdf] en el que embargaba los bienes de la Federación por valor de 40 millones de euros.
Un mes más tarde, el 3 de enero de 2005, decidió levantar los embargos que pesaban sobre la entidad de Pío XII de distintos organismos como la Agencia Tributaria, la consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, Seguridad Social, RFEF y la Liga de Fútbol Profesional (LFP). La Unión Deportiva Las Palmas tendría más capacidad de movilidad cuando el agua llegaba prácticamente al cuello.
- El papel de la afición y los meses de negociación
Se jugaba la supervivencia de la Unión Deportiva Las Palmas en distintos frentes. En lo deportivo no importaba la categoría en la que militase, estaba en juego el futuro del club. Los aficionados se movilizaron —el foro de udlaspalmas.net tuvo un papel fundamental, como explicó Juan José Cobo Plana en un artículo publicado en 2011—, creando distintas iniciativas para llenar el Estadio y mantener viva la llama amarilla. La peña Ultra Naciente lideró estos movimientos de la masa amarilla.
Apareció también en escena Miguel Ángel Ramírez, un joven empresario local que administraba la empresa Seguridad Integral Canaria, la cual había proporcionado servicios de seguridad principalmente en el Estadio Insular, y al que el club le adeudaba una cuantía cercana a los 600.000 euros por sus servicios. Ramírez se ofreció para colaborar con Juan José Cobo Plana. Su determinación e implicación hicieron que pronto tomara un papel protagonista en las negociaciones con el resto de acreedores y en la vida pública de la Unión Deportiva Las Palmas.
En mayo de 2005 se conoció el estudio al detalle realizado por los administradores concursales en estrecha colaboración con el antiguo consejeros —en enero el juez Cobo Plana anunció en el Hotel Santa Catalina el cese del Consejo de Administración presidido por Manuel García Navarro, aunque varios hombres mantuvieron su colaboración con los administradores concursales— en el que se dedujo que la deuda generada desde 1998 superaba los 70 millones de euros y que contaba con más de 500 acreedores. Comenzaba la negociación en la que Miguel Ángel Ramírez —presidente in pectore— y el juez Cobo Plana trabajarían codo con codo para explicar a los acreedores los pormenores de la Ley. Las interpretaciones de la misma fueron clave para entender el éxito del proceso.
La propia Ley recogía en su normativa que la quita legal podría ser de 33%, aunque se manejaba que pudiera partir desde el 50% con las negociaciones, según determinados casos. La deuda se reducía, grosso modo, a 35 millones de euros, descontando los intereses de Seguridad Social y Hacienda, que también recogía la propia Ley. Quedaba mucha negociación hasta llegar a un acuerdo para celebrar el Convenio de Acreedores: el primer paso para la libertad ‘vigilada’ de la Unión Deportiva.
En esos días también se celebró en el Hotel Santa Catalina un desayuno del juez Cobo Plana con numerosos empresarios y accionistas de la Unión Deportiva Las Palmas. En un tono de consenso pidió colaboración. Fue el día en el que Cobo Plana dijo que de no existir implicación para la salvación de la empresa se necesitaría «un cine» porque se celebraría «el mayor juicio de la historia de Canarias». Sus palabras fueron noticia a nivel nacional y tuvieron una gran repercusión en la región.
Cobo Plana superó dos recusaciones en junio de 2005 —una de Iñaki Urquijo y otra del ex médico Arturo Gómez, al que se adeudaba más de 200.000 euros a su empresa—. Miguel Ángel Ramírez, que el 8 de julio había sido nombrado presidente de la Unión Deportiva Las Palmas tras la celebración de la Junta de Accionistas en el Colegio Salesianos con el apoyo de la mayoría de los principales accionistas, seguía manteniendo reuniones periódicas con los acreedores de mayor peso para llegar a un acuerdo. Empezaba a existir cierta armonía dentro del caos. Muchos seguían dando por imposible la salvación económica de la Unión Deportiva Las Palmas.
Paralelamente, el club había lanzado la campaña ‘1+1=10.000’, que fue un éxito en la búsqueda de abonados para la Unión Deportiva Las Palmas ‘regalando’ una acción por valor nominal de 94 euros, acciones que incrementaban según la zona del propio abono. Numerosos personajes públicos se adhirieron a la iniciativa. El corazón en lo social volvía a latir con fuerza. Faltaba el consenso en la deuda, que se trabajaría hasta el día de la firma del Convenio de Acreedores.
ANEXO: Cuento de Juan José Cobo Plana publicado el 13 de diciembre de 2005
- 11 de enero de 2006, otro día histórico
Más de 360 acreedores se dieron cita en Infecar el 11 de enero de 2006 para asistir a la firma del Convenio de Acreedores. Con el 66,74% de los votos a favor quedó reducida la deuda de la entidad de Pío XII de 72 a 21 millones de euros, tras la aprobación de una quita del 50% del montante total, y del pago de varias cantidades a distintos acreedores a través de publicidad, así como el descuento de los intereses y créditos contra la masa generados por la deuda. Muchos empresarios por amor a la Unión Deportiva Las Palmas condonaron la totalidad de la deuda, y otros redujeron su cuota de forma considerable.
Aparecieron los primeros signos de alegría después de muchos episodios dramáticos. Quedaba satisfacer el pago de esos 21 millones de euros. En aquellos momentos se insistía en la llegada de un patrocinador y muchos apuntaban al Cabildo de Gran Canaria. En la firma del Convenio también se recogía una fecha límite para liquidar el débito aprobado en la Junta de Acreedores: el 6 de abril. El tiempo corría en contra de la Unión Deportiva.
- Embargo de bienes a 41 ex consejeros
Cerca de la fecha la Unión Deportiva Las Palmas no encontraba avalistas para que la única caja que se mostró interesada, la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), tuviera garantías y procediera a autorizar un crédito al club amarillo por cuantía de 21 millones de euros para satisfacer los pagos acordados en la Junta de Acreedores.
El juez Juan Jose Cobo Plana, el día 4 de abril de 2006, emitió un auto por el cuál ordenaba la ejecución de embargos por valor de 70 millones de euros más 12 millones de euros en concepto de intereses, costas y créditos contra la masa a 41 ex consejeros de la entidad amarilla entre noviembre de 2000 y noviembre de 2004 de forma cautelar, ante el peligro que no se cumpliera el 6 del mismo mes las cantidades acordadas en la Junta de Acreedores, algo que inhabilitaría la misma y que amenazaba con declarar el concurso como culpable, esto es, la liquidación de la Unión Deportiva Las Palmas. El embargo se realizó de manera individual por la exigencia de responsabilidad solidaria entre ellos.
Ramírez se reuniría con los ex consejeros —muchos desconcertados porque entendían que no habían participado en la generación de la deuda y su patrimonio no tenía comparación con ‘los peces gordos’— en el Estadio de Gran Canaria el mismo 6 de abril y remitiría al juzgado una carta firmada por 37 de ellos en la cual se comprometían a avalar el crédito que la Unión Deportiva Las Palmas había solicitado a la CAM. A la reunión asistieron los principales ex consejeros y accionistas en persona como Germán Suárez, Manuel García Navarro o Alfredo Morales; o representados, como Eustasio López, Ángel Luis Tadeo o los hermanos Domínguez.
Cobo Plana levantaría, en un principio, el embargo a través de un auto una vez certificada la posibilidad de cobro de los más de 360 acreedores acordadas en la Junta de Acreedores, en una cantidad cercana a los 21 millones de euros. El propio Cobo Plana pediría perdón posteriormente a los ex consejeros «por el mal trago» que les había hecho pasar en defensa de los acreedores.
- Cobo Plana pide abstenerse del ‘caso 6/2004’
El mismo 7 de abril el juez Juan José Cobo Plana pidió al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) abstenerse del concurso del ‘caso 6/2004’ relativo a la Unión Deportiva Las Palmas. La petición causó sorpresa y revuelo en el entorno amarillo, que no se esperaba la decisión. Cobo Plana estaba siendo sometido a una enorme presión externa por parte de determinados intereses políticos y económicos —se señaló, por parte del propio Ramírez, al ex presidente del Gobierno de Canarias Lorenzo Olarte—. Los embargos a los 41 ex consejeros quedaban pendientes de levantamiento por parte del nuevo juez del concurso. El domingo siguiente en el Estadio de Gran Canaria el público de la Unión Deportiva Las Palmas brindaría un homenaje al que denominaban ‘el juez amarillo’.
La Audiencia Provincial de Las Palmas consideró el 12 de abril de 2006 justificada la decisión del juez Juan José Cobo Plana de retirarse del ‘caso 6/2004’. El juez Cosme López retomó el caso días después, levantó los embargos a los ex consejeros y estableció una prórroga de 60 días para el pago a los acreedores vencido el 6 de abril del mismo año.
- El Cabildo de Gran Canaria: clave para el crédito
Anunciaba Miguel Ángel Ramírez negociaciones con un patrocinador que asegurara la supervivencia de la entidad amarilla y que, al mismo tiempo, diera garantías a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) para conceder el crédito de 21 millones de euros a la entidad de Ciudad Jardín.
Para recibir el mismo fue fundamental la entrada en escena del Cabildo de Gran Canaria. Tras varias semanas de negociaciones se llegó a un acuerdo de patrocinio por veinte años hasta 2027 con la institución cabildicia , presidida por aquel entonces por José Manuel Soria y José Miguel Álamo en la Consejería de Deportes. Este acuerdo, sumado al patrocinio con el Gobierno de Canarias y al aval de varios ex consejeros, daría garantías a la CAM que el 31 de julio de 2006 daría la luz verde al crédito de 21 millones de euros y otro de 2,4 millones que servirían para pagar a los acreedores y garantizar la supervivencia de la Unión Deportiva. Terreno allanado.
- Incidentes con García Navarro, Freire, Boluda y Schürrer
El concurso de la Unión Deportiva Las Palmas estuvo en un ‘punto muerto’ prácticamente hasta inicios del año 2014. Faltaban por resolver varios asuntos judiciales que obstaculizaban el fin del concurso. Con los empresarios Manuel Freire y Vicente Boluda, los cuáles habían concedido un crédito a la Unión Deportiva Las Palmas en el año 2002, Ramírez llegó a un acuerdo para pagar casi 3 millones de euros en un periodo de 20 años.
Quedaban dos causas por resolver que se han dilatado desde 2007 hasta el pasado mayo de 2014. Dos incidentes que no fueron por la vía ordinaria del resto de acreedores y que incluso hicieron peligrar con el descenso a Segunda División B a la Unión Deportiva el pasado 30 de junio. El motivo fue las dudas jurídicas que representaba un capital social que encontraba las injerencias del ex presidente García Navarro, el cual había acudido a la justicia para reclamar su supuesta mayoría accionarial. Un caso parecido al del Guadalajara, que terminó con sus huesos en la categoría de bronce.
El pasado 6 de mayo de 2014 el Club llegaba con Manuel García Navarro y con el Deportivo de la Coruña a un acuerdo de las distintas cantidades adeudadas —la entidad grancanaria reconoció 4,5 millones de euros al ex presidente y 1,5 millones al club coruñés— que anunciaba el fin del proceso concursal. Este 17 de diciembre pasará a la historia del club grancanario tras el auto del juez Alberto López Villarrubia en el que decreta el fin del ‘caso 6/2004’. Se cierra una herida. Nace una nueva Unión Deportiva Las Palmas libre.
Las cifras
Deuda total al entrar el concurso: 72 millones de euros
Deuda sin intereses: 66 millones de euros
Deuda tras Convenio de Acreedores: 21 millones de euros
Deuda pendiente de devolver por el crédito de la CAM a diciembre de 2014: 13 millones de euros (no se contabilizan otras deudas reconocidas fuera de concurso, como los casos de García Navarro y el Deportivo)
